1. Obligaciones ante la DIAN
Las personas jurídicas deben cumplir con las siguientes obligaciones fiscales y tributarias:
a. Registro y actualización de información:

• Registro Único Tributario (RUT): Todas las personas jurídicas deben inscribirse en el RUT y mantenerlo actualizado con los datos de la empresa, representante legal, actividad económica, y obligaciones tributarias.

• Actualización de datos: Cualquier cambio en la información de la empresa (como cambio de representante legal, dirección, actividad económica, etc.) debe ser reportado a la DIAN.

b. Declaraciones y pagos de impuestos:

• Impuesto sobre la Renta: Las personas jurídicas deben presentar la declaración de renta anualmente (para régimen ordinario) y pagar el impuesto correspondiente.

• IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado): Deben presentar declaraciones mensuales o bimestrales de IVA, dependiendo del régimen al que pertenezcan.

• Retenciones en la Fuente: Deben aplicar, declarar y pagar retenciones en la fuente sobre pagos a terceros (honorarios, arrendamientos, compras, etc.).

• Impuesto de Industria y Comercio (ICA): Aunque es un impuesto municipal, la DIAN puede administrar su recaudo en algunos casos.

• Declaraciones informativas: Como la Declaración Informativa de Operaciones (DIO) para reportar operaciones superiores a cierto monto.

c. Facturación electrónica:

• Las personas jurídicas están obligadas a emitir facturas electrónicas y reportarlas a la DIAN a través del sistema de validación.

d. Libros contables y fiscales:

• Llevar y registrar libros contables y fiscales (libro de inventarios y balances, libro diario, libro mayor, etc.).

• Presentar los Estados Financieros anualmente a la DIAN.

2. Obligaciones ante el DANE
El DANE requiere información estadística para el seguimiento de la actividad económica del país. Las principales obligaciones son:
a. Encuestas y reportes:

• Responder encuestas económicas y sectoriales que el DANE envía periódicamente.

• Reportar información sobre producción, ventas, empleo, y otros indicadores económicos.

b. Registro Único Empresarial y Social (RUES):

• Mantener actualizada la información en el RUES, que consolida datos de la empresa ante diferentes entidades.

3. Obligaciones ante las Secretarías de Hacienda locales
Las personas jurídicas deben cumplir con obligaciones municipales y departamentales:
a. Impuesto de Industria y Comercio (ICA):

• Declarar y pagar el ICA, que grava la actividad comercial, industrial o de servicios en cada municipio.

b. Avisos y tableros:

• Obtener y renovar el aviso de operación comercial o licencia de funcionamiento en la Secretaría de Hacienda local.

c. Predial y otros impuestos:

• Pagar impuestos como el predial (si la empresa es propietaria de inmuebles) y otros tributos locales.

4. Obligaciones de información (Exógenas)
Las personas jurídicas deben presentar informes adicionales a diferentes entidades:
a. Información financiera y contable:

• Presentar los Estados Financieros y Certificados de Retención a la DIAN.

• Reportar información sobre transacciones financieras y activos en el exterior (si aplica).

b. Información laboral:

• Reportar nóminas y aportes a seguridad social (ante el Ministerio de Trabajo y las Cajas de Compensación).

c. Información sectorial:

• Dependiendo del sector, pueden existir obligaciones específicas (por ejemplo, en el sector financiero, salud, educación, etc.).

5. Otras obligaciones
a. Seguridad social:

• Inscribir a los empleados en el sistema de seguridad social (salud, pensiones, riesgos laborales) y pagar los aportes correspondientes.

b. Cámara de Comercio:

• Renovar anualmente la matrícula mercantil en la Cámara de Comercio.

• Inscribir actas y documentos corporativos (reformas estatutarias, cambios de representante legal, etc.).

c. Protección de datos:

• Cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012), lo que incluye obtener autorización para el tratamiento de datos y reportar bases de datos a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

6. Sanciones por incumplimiento
El incumplimiento de estas obligaciones puede generar multas, intereses, cierres temporales o definitivos de la empresa, e incluso responsabilidades penales para los representantes legales.